El Manifiesto difundido en la celebración del XX aniversario de Europa Laica el 11 de diciembre de 2022 en Toledo, recogía las reivindicaciones por las que esta asociación lleva luchando desde su fundación, y que se ven confrontadas con los privilegios de la Iglesia, heredados de la dictadura franquista y del nacionalcatolicismo que le prestó aval ideológico. Privilegios que no solo han permanecido intocables, sino que en algunos casos (financiación pública a través del IRPF, exenciones fiscales, inmatriculaciones, aumento de las subvenciones a los colegios privados y confesionales…) se han visto incrementados.

¿A qué se debe que, con una sociedad cada vez más secularizada, todos los gobiernos desde la supuesta Transición democrática hayan mantenido ese estatus blindado de que goza la Iglesia española (en los Acuerdos Vaticanos, en la Constitución, en leyes de educación …)? Su explícita complicidad con el régimen criminal de la dictadura y el reiterado comportamiento contra todo progreso en derechos y libertades, no han sido óbice para seguir actuando como auténtico poder fáctico, con permanente injerencia en el ámbito de lo público, social y político, que afecta al conjunto de la ciudadanía. Un poder, por cierto, nada “espiritual”, sino afincado en numerosos bienes materiales y personalizado en una reaccionaria Conferencia Episcopal, al amparo de un Estado anómalo y extranjero como es el Vaticano, al que no han dejado de rendir pública pleitesía los sucesivos gobiernos, incluido el actual titulado de “progresista”, en la persona de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta última visita no se entiende sino en preparación del terreno para nuevos consensos con la jerarquía eclesiástica y el Vaticano, con la renuncia ya explícita a la denuncia y derogación de los Acuerdos del 1979 (renovación del Concordato firmado por Franco en 1953), dada la prioridad, por parte de las fuerzas “constitucionalistas”, a su compromiso con la constitución y el régimen monárquico, por encima de cualquier demanda social y democrática. Consenso, con todas sus hipotecas previas y posteriores, que esas mismas fuerzas consideran incuestionable y, por su propio blindaje, irreformable.

A ese propósito, cabe tomar en consideración una apreciación del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo en un acto anterior celebrado en Valencia, acerca de cuándo sería el momento -que ahora tampoco parece llegado- de la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y los privilegios anexos. El reconocido jurista afirmó, de forma contundente, que dicha derogación estaba vinculada directamente con la permanencia o desaparición de la propia monarquía. Sus razones fueron claras: hubo unas condiciones, impuestas por los herederos del franquismo y asumidas por las demás fuerzas políticas del momento, previas a la propia elaboración de la Constitución de 1978, que privaban a las nuevas Cortes del supuesto carácter constituyente. Entre los “trágalas” incuestionables: la aceptación de la monarquía sucesora de Franco, el estatus y privilegios otorgados a la Iglesia por su inestimable apoyo a la “Cruzada”, el sistema electoral que les permitiera mantener el control “democrático” del poder…; a los que hay que añadir el grave atentado contra el derecho internacional y el de las víctimas de delitos de lesa humanidad (a la Verdad, la Justicia y la Reparación), como fue la Ley de Amnistía de 1977 para garantizar total impunidad a los responsables de los crímenes y torturas del franquismo, y que hoy se extiende, con toda desfachatez, a todos los delitos del Rey -ahora Emérito- y, por extensión, a la Casa Real.

Son esas hipotecas previas y el cúmulo de intereses vinculados al mantenimiento de la institución monárquica y del régimen perpetuado a su alrededor, lo que nos debe llevar a buscar, con otros sectores igualmente concernidos, soluciones democráticas que no caben en su interior.

El origen y carácter republicano de las demandas laicistas no es un apelativo gratuito y vacío de significado histórico y vigencia actual: exigió la confrontación con los regímenes basados en la unión sacrosanta del “altar y la corona”, la lucha denodada por la separación efectiva del Estado y las Iglesias. Aspiraciones democráticas que también crecieron en nuestro país, pero que se vieron truncadas por un aplastamiento sangriento, una cruel y represora dictadura de cuarenta años y que, después de otros más de cuarenta, continúan sin encontrar amparo democrático.

Europa Laica, en su ya larga trayectoria, ha llevado a cabo una constante labor de denuncia de los obstáculos que cierran el camino a un Estado laico, una infatigable batalla ideológica y pedagógica por la extensión del movimiento laicista. Pero hay que ser conscientes de que no se ha logrado remover el muro levantado en torno a los intereses fundamentales consagrados con la monarquía franquista, las líneas rojas que señalaba Pérez Royo y que no dejan de reafirmarse como tales en los foros políticos institucionales.

Si no se quiere quedar limitados a la simple lucha ideológica (imprescindible, de otro lado) o a pedir reformas que el propio régimen declara incompatibles con la herencia asumida, resulta obligado unir esfuerzos con los de tantos otros sectores sociales que buscan solución a sus demandas en una salida democrática republicana. Esa voluntad republicana ampliamente reflejada en encuestas recientes -con el propio desprestigio de la Corona- empieza a tomar forma y organización en los movimientos republicanos por el derecho a decidir la forma de Estado, monarquía o república, mediante referéndum. La lucha por todas y cada una de las reivindicaciones democráticas, de las que la laicidad del Estado forma parte esencial, no puede sino insertarse en ese movimiento republicano, a cuyo desarrollo podemos contribuir, a la vez y como palanca, con la defensa incondicional de las exigencias laicistas.

Fermín Rodríguez