1. Recuperar el concepto republicano de Escuela

La Escuela es una institución fundamental de la res pública, pertenece al ámbito común de la ciudadanía compartida en términos de igualdad.

Para situar en sus justos términos su función y carácter, es necesario remitirse a la universalidad de los derechos humanos y de los instrumentos políticos indispensables para su efectivo cumplimiento. En la Escuela, como institución pública, confluyen el derecho a la educación y, entre otros, el respeto a la libertad de conciencia, reconocidos a todos los ciudadanos por igual en las cartas magnas, declaraciones y tratados internacionales. Es desde esa perspectiva de universalidad del derecho y de las instituciones políticas (atañen al conjunto de los ciudadanos) como pueden abordarse adecuadamente los problemas en torno al laicismo dentro del sistema educativo.

En el Estado español, con la implantación del régimen franquista y del nacionalcatolicismo,  el carácter público y único de la Escuela fue destruido, al tiempo que se la sometía al influjo y control de la Iglesia. Después de muchos años de “Transición”, las cuestiones de fondo en lo referente a la enseñanza siguen sin resolverse. De ahí que, si nos atenemos a las situaciones de hecho y lastres “heredados” (que niegan, limitan o someten a discriminación los derechos antes señalados), corremos el peligro de perdernos en casuísticas y reivindicaciones parciales que o no modifican sustancialmente la realidad (caso de las sucesivas reformas educativas) o, si lo pretenden, resultan imposibles dentro del marco legislativo actual.

En la lucha por una Escuela Pública y Laica, no podemos abandonar la coherencia de las razones que la avalan y desdibujarlas con vacilaciones en sus exigencias. Si la educación es un derecho universal, sólo puede ser responsabilidad directa de los poderes públicos el garantizarlo a todos y en condiciones de igualdad. A ninguna entidad privada, por su propia naturaleza, puede encomendarse la satisfacción del interés general. Así lo reconocía, a principios del siglo XX, el liberal Conde de Romanones: “un derecho universal como la educación no puede ser dejado en manos privadas”. La IIª República dedicó sus mejores esfuerzos a poner los medios para hacer efectivo ese derecho, impulsando la construcción de una Escuela Pública y única.

Del mismo modo, si el respeto a la libertad de conciencia es un elemento consustancial a una sociedad democrática, ese respeto debe extenderse a todos los ámbitos: de manera imperativa a las instituciones públicas; de modo principal y peculiar a la institución Escuela, por su función y fines específicos. 

Efectivamente, la Escuela es la institución pública creada históricamente para dar cumplimiento al derecho universal a la educación. Constituye una herramienta esencial de la República para la igualdad de los ciudadanos, siquiera en el acceso al saber, con el fin de poner al alcance de todos la formación en conocimientos y valores comunes, fundamentales para el desarrollo personal y el ejercicio de la propia ciudadanía. Ese fin republicano excluye la división del sistema público de enseñanza y la intromisión de intereses ideológicos o materiales particulares en el espacio escolar.

El laicismo del Estado Democrático de Derecho viene exigido también por el principio de separación rigurosa entre lo público y lo privado, de aplicación más celosa, si cabe, en la Escuela. Esa separación, por otra parte y en reciprocidad, constituye la mejor garantía de protección de la sociedad civil y de sus múltiples formas particulares de expresión frente a cualquier tentación totalitaria, es decir, de someter la autonomía y libertad de la sociedad civil a la coacción de intereses privados que quieran utilizar el poder estatal y sus instituciones para imponerlos de forma generalizada.

La ausencia de un marco democrático durante muchos años de dictadura, y la prolongación de serios déficits con la llamada Transición, explican en buena medida que sigan apareciendo con tintes de normalidad la fragmentación del sistema educativo, su apropiación por intereses privados y la injerencia de las confesiones religiosas en su seno. Durante los últimos treinta y cinco años, se ha mantenido la invasión de lo público por lo privado y, a la vez, la subordinación y falta de independencia con respecto al Estado por parte de las expresiones de la sociedad civil (organizaciones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier otro tipo), en detrimento de libertades, como la de conciencia, esenciales para un desarrollo democrático.

2. Relación inseparable entre Escuela Pública y Escuela Laica

Como se ha señalado anteriormente, sólo desde ese carácter universal del derecho a la educación y de la Escuela Pública como instrumento institucional, se puede derivar su consustancial carácter laico, es decir, radicalmente democrático, “de todos y para todos”. El derecho a la educación no admite discriminación por origen social, sexo, etnia, ideas o creencias particulares.

La laicidad de la Escuela es un presupuesto inexcusable si en ella ha de respetarse ese otro derecho universal: la libertad de conciencia del niño o joven en formación y el desarrollo de su libre albedrío. El espacio escolar debe excluir, en consecuencia, todo tipo de adoctrinamiento confesional o en cualquier otra ideología particular. El carácter laico de la educación debe extenderse incluso a los centros de titularidad privada -allí donde se admita su existencia reglada- cuando están reconocidos para impartir los currículos y titulaciones oficiales y, por tanto, obligados a respetar los mismos requisitos académicos y democráticos. La enseñanza formal, común y oficial, no admite sesgos en función de presuntos “idearios” o “carácter propio” de los centros.

     Si la laicidad sólo se respeta en una parte y no informa a la totalidad del sistema educativo ya no es tal, sino una ideología más, reducida a la particularidad. No existe respeto a la libertad de conciencia si el sujeto de tal derecho no es el conjunto de la ciudadanía. Por eso en Europa Laica hemos recogido el lema de que si la educación es una función primordial del Estado, la educación laica no es una opción entre otras: es el método educativo específico de la democracia.

Sin embargo, es un objetivo democrático que encuentra evidentes resistencias por parte de las fuerzas más reaccionarias en todos los países. La reciente Carta del Laicismo, que el gobierno francés ha hecho colocar en los centros públicos, formula quince principios y normas para desarrollar los derechos y deberes republicanos dentro de la institución escolar, que podemos compartir. Pero tal decisión política está lastrada por una contradicción fundamental: si “Francia es una República indivisible y laica”, si “el laicismo garantiza a todos la libertad de conciencia”, si “el laicismo… protege a los alumnos de todo proselitismo y toda presión que les impida su libre opción”… ¿Por qué se exime a los centros privados y concertados -mayoritariamente católicos- de exhibir dicha carta? ¿Dónde queda la indivisibilidad de la República y la universalidad de los principios laicos?

Apliquemos la misma consideración al sistema educativo español, por otra parte, a mucha distancia todavía de las conquistas democráticas de la escuela republicana francesa.

3. Campaña “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela”

Aunque la campaña lleva años en marcha frente a la negativa de los sucesivos gobiernos a aplicar el principio democrático de la laicidad en el ámbito escolar, la reforma del ministro Wert ha levantado, justamente, especial alarma social y un vivo rechazo entre amplios sectores vinculados a la educación. De ahí que, durante el pasado curso, se retomara la campaña con mayor respaldo, al menos formal, de organizaciones y colectivos. Ahora, cuando se inicia el trámite parlamentario de la LOMCE y se anuncian amplias movilizaciones en todos los sectores de la enseñanza, es preciso redoblar los esfuerzos para que la defensa de la Escuela Pública -en serio peligro- se presente unida a su ineludible carácter laico.

Los ejes de la campaña son claros:

1. La religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar, con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa, sin discriminación ni privilegio, evitando todo tipo de segregación de los alumnos por razones de ideas o creencias.

2. Para respetar la neutralidad del espacio público y común, no debe admitirse la presencia institucional de simbologías religiosas o de ideologías particulares, que pertenecen al ámbito de lo personal.

3. El dinero público no debe financiar el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar ni formas de segregación por razones ideológicas, sociales o de sexo.

4. Los fondos públicos han de destinarse a la financiación de la enseñanza de titularidad pública. El Estado no debe financiar la enseñanza privada, y menos cuando hay enormes recortes económicos. Por el contrario, el Estado está obligado a desarrollar la Escuela Pública, para satisfacer las necesidades educativas del conjunto de la población.

5. Desde estos presupuestos, situados en el mero terreno de la democracia, exigimos la retirada del proyecto de LOMCE que modifica algunos apartados de la LOEy que lejos de rectificar el déficit democrático y privatizador de anteriores leyes educativas, extiende, entre otros elementos regresivos, una mayor injerencia de las confesiones religiosas (en particular de la Iglesia Católica) en el terreno público y común del sistema educativo.

6. Promovemos, consecuentemente, que de la actual LOE desaparezcan los aspectos confesionales, como son: la permanencia de la religión en el currículo educativo, en horario lectivo y dentro del ámbito escolar, la consideración como “servicio público” de los centros privados concertados (de los cuales un 80% son confesionales católicos). No basta con la retirada del proyecto de LOMCE, puesto que la actual ley educativa (LOE) tampoco satisface las demandas democráticas y laicas más elementales.

7. En consecuencia, deben ser denunciados y derogados los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979, como continuación del Concordato de 1953 (y que, de alguna manera, se ven amparados en la Constitución del 78), en clara contradicción con los principios democráticos y de separación entre Iglesia y Estado.

Esta última exigencia no puede quedar en simple invocación retórica: dichos Acuerdos son un obstáculo real para remover la herencia antidemocrática que pesa sobre nuestro sistema de enseñanza y condicionan el cumplimiento de las reivindicaciones formuladas.

Frente a las sucesivas reformas, que han mantenido la división del sistema educativo y el adoctrinamiento confesional en el conjunto de la enseñanza, es preciso movilizar a la sociedad civil en torno al objetivo de elaborar una Ley de Educación fundada en los principios democráticos que deben informar a una Escuela pública y laica, universal y enteramente gratuita,contra las hipotecas del pasado y las actuales políticas privatizadoras.

En la actual situación de impotencia del marco parlamentario para resolver las cuestiones de calado democrático, cualquier iniciativa en ese terreno debe orientarse a esa movilización social, imprescindible para romper el bloqueo y abrir nuevas perspectivas a las aspiraciones de la inmensa mayoría. Por contra, supeditarlas a los estrechos cauces de ese marco viciado de origen, supondría renunciar al cambio democrático que tantas voces reclaman.

Jornada: Avanzando hacia un Estado laico

Madrid, 27 de septiembre de 2014